Lilia Arellano

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Alberto Perez Blas

Alberto Perez Blas

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EL ESPECTRO DEL FRACASO RONDA PALACIO NACIONAL

Miércoles, 16 Septiembre 2020 00:00 Publicado en Bastión Político

 

 

 

 

Bastión Político

 

 

 

Alberto Pérez Blas

 

 

 

 

Atípicas fiestas patrias las que en este fatídico 2020 observamos los mexicanos. La controvertida efeméride de la independencia nacional estuvo marcada no sólo por las exigencias de una pandemia sin control que por lo demás ha desnudado lo bisoño de los servidores públicos que pretendieron enfrentarla con discursos y promesas al más fiel estilo de la casa MORENA. Sin embargo, las fiestas que nos vimos obligados a observar de forma virtual no será lo más relevante en la memoria que se guarde de esta celebración histórica. Los eventos memorables fueron dos procesos político- teatrales de relevancia dentro del guión de distracción social que la presente administración privilegia como ejercicio de gobierno, así como el contundente rechazo social que provocaron. De manera silenciosa pero efectiva la población se negó a servir de comparsa al gobierno federal en dos nuevos engaños mediáticos al rechazar la compra de los cachitos de lotería para la rifa de un avión que no se rifaba y al negarse a acudir a los escenarios de propaganda política destinados a recolectar firmas para pedir que se aplique la ley a expresidentes( como si la vigencia del Estado de Derecho necesitara permiso).

 

 

 

El rechazo ciudadano obligó a un gobierno entrampado en su lógica de engaños a hundirse más en el descrédito público al tener que comprarse a sí mismo los billetes de lotería, ya sea de manera directa o a través de organizaciones políticas afines a la administración, como son los sindicatos afiliados a MORENA e incluso a extorsionar a empresarios o servidores públicos a quienes se endosó arbitrariamente el realizar aportaciones monetarias para fingir la participación social en el engaño. Igual nivel de torpeza se desplegó para encubrir la falta de respuesta a la recolección de firmas llegando a llenar solicitudes con padrones de beneficiarios de los programas sociales, fraude acreditado originalmente en redes sociales y que pretende enmendar la retórica oficial que reconoció en vos del propio presidente la captación de tan sólo 800,000 firmas a supuestamente 2 millones 400,000 en menos de 36 horas, de acuerdo con el denominado “Movimiento por la unidad de las izquierdas”, agrupación creada por MORENA para la defensa de la 4T. La magnitud del desaseo de este proceso obligó al presidente a hacer a un lado el supuesto mandato del pueblo que pretendía y asumir la responsabilidad de pedir, en su calidad de titular del Ejecutivo, al Senado de la república que inicie el procedimiento ante la Suprema Corte de lo que será un proceso judicial de enjuiciamiento de los expresidentes que se sabe será fallido.

 

 

 

Este rechazo ciudadano a la distracción social como ejercicio cotidiano de la administración federal, confirma el inicio del agotamiento del tiempo de gracia política que el electorado concedió al lopezobradorismo ante el estado de destrucción a que se ha conducido la vida nacional e indistintamente de los juegos pirotécnicos en el discurso de la autodenominada cuarta transformación, la desesperación del ejecutivo, consciente de esta realidad, se muestra ya en la acciones recientes de represión a sus opositores ya sea a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, el manejo político de las asignaciones presupuestales a gobiernos estatales contestatarios e incluso con el uso violento de la Guardia Nacional.

 

 

 

El espectro del fracaso ronda los pasillos de Palacio Nacional.

 

 

 

  

 

 

 

 

CHARLATANERÍA CRIMINAL ANTE EL COVID

Viernes, 11 Septiembre 2020 00:00 Publicado en Bastión Político

 

 

 

 

Bastión Político

 

 

 

Alberto Pérez Blas

 

 

 

 

El responsable de la tragedia que significó el mal diagnóstico de la pandemia del coronavirus y, en consecuencia, de los niveles de contagio y letalidad del virus en la población nacional que ha enlutado a 70,000 familias, contagiado a más de 650 000 mexicanos y que mantiene la atención en México de los organismos internacionales de salud por el descontrol que la pandemia presenta a lo largo y ancho del territorio, en el colmo de la estulticia política, pretende denostar el esfuerzo de los ex Secretarios de salud que intentan mostrarle el camino al gobierno de la auto denominada cuarta transformación, para contener este drama sanitario que día a día cobra más vidas de mexicanos.

 

 

 

Hugo López Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de manera formal pero en realidad a cargo de la Secretaria de Salud (ante el lastimoso papel que ha desempeñado Jorge Alcocer Varela) constituye un ejemplo de los resultados que ha arrojado la política presidencial para determinar a sus colaboradores: 90% de confianza y 10% de capacidad, según lo señalado por el propio AMLO. El sistema nacional de salud, por los desatinos de estos personajes, enfrenta hoy una grave crisis operativa, financiera y de coordinación de servicios entre la federación y los Estados y, por si esto fuera poco, la falta de liderazgo y legitimidad de estos individuos, dada su pobreza intelectual y medianía profesional, completan el cuadro de destrucción realizado en menos de dos años de un sector del servicio público inestimable para la población y que con las limitaciones y disfunciones que podrían señalarse, garantizaba la atención médica de los sectores mas desprotegidos de la sociedad.

 

 

 

Las ocurrencias de la cuarta transformación y sus bisoños personeros, han lastimado sensiblemente los avances institucionales en la conformación de nuestro sistema de salud, que una escuela mexicana de salud pública logró construir a lo largo de décadas de trabajo meritorio y ejemplar en el ejercicio cotidiano del servicio público.

 

    

 

La ausencia de un proyecto profesional sustentado en criterios de salud pública en la presente administración ha sido denunciado por personajes tan cercanos a la cofradía amloista como la doctora Asa Cristina Laurell, quien ha confesado en su renuncia al cargo de Subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, que los motivos políticos se imponen a los criterios de salud pública en esa dependencia por lo que alertaba del desmantelamiento de la Secretaría a manos de López Gatell en conjunto con el antropólogo Juan Ferrer, titular del INSABI, otro ejemplo de la política de nombramientos acordes a la era de la “transformación”, donde un antropólogo bien puede encabezar una nueva institución para la atención de la salud de los mexicanos.

 

 

 

Estos arribistas del sector salud —significativamente el Dr. López Gatell— pretenden restar méritos al sensible y meritorio esfuerzo realizado por seis ex Secretarios(a)de salud federal, quienes con criterios estrictamente científicos y recuperando la experiencia de los epidemiólogos mexicanos que han construido un gran respeto a nivel internacional, señalan una estrategia eficaz para la contención de la pandemia del coronaviris ante la ignorancia y soberbia del saltimbanqui de las mañaneras que continúa aferrado a cubrir su fracaso profesional, no obstante el costo en vidas que esto significa.

 

 

La protesta social que asoma ya a lo largo del país ante la falta de gobierno en temas particularmente sensibles a la población; campesinos defraudados en la entrega de fertilizantes por corrupción de los delegados federales, reparto de tarjetas sin fondos de los programas sociales, denuncias de corrupción en los contratos de adquisiciones del gobierno federal, abandono de las víctimas de violencia, persistencia en el desabasto de medicamentos y vacunas en hospitales públicos, negligencia ante los reclamos de colectivos feministas, intimidación a la libertad de expresión, depauperación de las clases medias e incremento de la población en pobreza extrema ante un desempleo vertiginoso etc., dan muestra de un creciente deterioro de la paz social y la consecuente pérdida de gobernabilidad que aunado a la polarización política prohijada por el discurso gubernamental, complementan un escenario de descomposición nacional cuyos costos son impredecibles para la viabilidad de la nación. En este complejo escenario, la permisividad que se otorga a un merolico de la medicina cómo López Gatell para construir sus intereses políticos sobre pilas de cadáveres de mexicanos, hacen temer por la cordura de la nueva élite gobernante.    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bastión Político

 

 

 

Alberto Pérez Blas

 

 

 

 

El desprestigio de las instituciones de la república abona directamente al desprestigio de la democracia como forma de gobierno y pavimenta el camino del autoritarismo al presentar al líder populista como la alternativa única para enfrentar los males que aquejan a una sociedad, sustentando esto en un discurso falaz y maniqueo sobre un futuro promisorio y un encubrimiento inmoral de las intenciones verdaderas del demagogo.

 

 

 

Es en este contexto que se da el arranque operativo de la consulta ciudadana para encubrir la intención presidencial de dar continuidad a la gran farsa de la lucha contra la corrupción. Efectivamente, la decisión política de la presidencia de utilizar este recurso para continuar extendiendo en el tiempo el distractor que ha significado el caso Lozoya en la opinión pública, se va a consumar con la disposición del partido MORENA de consultar lo obvio — y por demás ocioso— desde el punto de vista jurídico respecto si los mexicanos se pronuncian a favor de enjuiciar a los expresidentes.

 

 

 

Indistintamente de los múltiples aspectos jurídicos que ponen en duda el que la actual administración cuente con elementos de prueba consistentes para poder iniciar un proceso judicial ante el Ministerio Público y que siente en el banquillo de los acusados a algún ex presidente de la república, lo cierto es que el tribunal de carnaval sacia el morbo social y permite el empoderamiento fugaz del resentimiento y la venganza política, lamentablemente el costo a pagar es el fortalecimiento de la impunidad jurídica de los infractores de la ley que alimenta la corrupción sistémica que padece la nación.

 

 

 

El tramposo recurso discursivo de separar la aplicación de la ley de la obtención de justicia, que si bien se ve validada por la falta de eficacia actual de los órganos judiciales, no justifica la negación de los mismos, obligaría a su rediseño institucional y mejoramiento operativo para alcanzar el cumplimiento óptimo de sus objetivos constitucionales. La falta de talento político y administrativo de la denominada cuarta transformación evidentemente no le permite emprender un reto de gestión publica de esta magnitud, el resultado catastrófico obtenido en la modificación del Sistema Nacional de Salud mostró las limitaciones del equipo presidencial.      

 

 

 

Sin embargo, un efecto pernicioso que parece buscarse en el fondo de esta nueva puesta en escena del López Obradorismo se dirige hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual tendrá que validar la procedencia del resultado previsible de la consulta. Ante una mayoría que habrá de pronunciarse por el “sí” en la consulta, el rechazo de la Corte ante esta engañifa política por su improcedencia jurídica traerá un severo ataque a la Corte y a sus magistrados que dará una continuidad vigorosa al asedio que el poder judicial ha resistido desde el inicio de la administración actual. Recuérdese el bloqueo que por meses se realizó de los accesos a la sede de la Suprema Corte por militantes de MORENA como respaldo a las presiones del Presidente de la República en su primera intentona para controlar las desiciones del máximo tribunal de la nación. De avalar la realización de la consulta, la Corte enfrentará un severo cuestionamiento a su rigor jurídico y legitimidad que mermará su función como contrapeso del poder presidencial, debilitando el equilibrio de poderes establecido por la constitución, e incluso, le restará el apoyo social que requiere la resolución de la agenda pendiente de controversias constitucionales que tienen que ver con iniciativas presidenciales aprobadas por el Congreso y que en este momento se encuentran impugnadas y de cuya resolución depende significativamente el futuro de la denominada cuarta transformación. Para la Corte es un tema de perder-perder.

 

 

 

Así, la destrucción de las instituciones republicanas continúa de manera sistemática empedrando el camino del Estado autoritario en construcción.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bastión Político

 

 

 

Alberto Pérez Blas

 

 

El próximo inicio del primer periodo ordinario de sesiones del Tercer año Legislativo de la Cámara de Diputados no ha podido sustraerse de la degradación que muestra la política nacional. Este cuerpo legislativo ya ha mostrado múltiples episodios que dan cuenta de este deterioro, como ha sido su sumisión extrema a las indicaciones del Presidente de la República dada la mayoría dócil de MORENA en la toma de decisiones de la cámara y un liderazgo particularmente obediente del responsable de la Junta de Coordinación Política hacia el titular del Ejecutivo Federal y que se mostró incluso en la disposición de dicha mayoría a renunciar a facultades exclusivas de la cámara en materia presupuestaria para fortalecer la discrecionalidad del Presidente en un franco retroceso de la división de poderes, por mencionar tan sólo algunos ejemplos.

 

Hoy, la cámara de Diputados enfrenta un proceso de renovación de la mesa directiva para el inicio del nuevo periodo legislativo, caracterizado por la compra de membresía de diputados en un verdadero tianguis legislativo con el fin de conformar una mayoría artificial para el Partido del Trabajo (PT) que le permita argumentar, así sea de manera cínica y por demás vergonzosa, su “derecho” a presidir este órgano legislativo en el ultimo periodo de esta legislatura por su membresía de diputados comprados a billetazos o con promesas de reelección, tal como denunció la dirigencia del Partido Encuentro Social (PES).

 

La degradación política que observa la cámara de diputados es de tal magnitud, que el actor mas relevante de este deplorable espectáculo es el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien se ha significado únicamente por sus exabruptos y bravuconerías, particularmente en contra de mujeres legisladoras, que le han ganado diversos motes de sus propios pares como “Cepillín” (con la debida disculpa y respeto que merece el personaje del mismo nombre), “porro”, etc. Indudablemente, la presidencia de la cámara en manos de un personaje con estas credenciales anticipa la creación de un circo legislativo que dará paso a saltimbanquis, contorsionistas, elefantes blancos, apagafuegos y otras figuras circenses para contribuir al envilecimiento de las instituciones republicanas. La construcción del Estado autoritario tendría así un significativo avance en esta posible cámara legislativa, desprovista de seriedad jurídica y parlamentaria y consecuentemente sin autoridad moral.

 

Los signos del autoritarismo se muestran no sólo en el ámbito federal, el Congreso de Baja California Sur con mayoría también de MORENA y PT gestó un juicio político a los ocho diputados de oposición a fin de destituirlos, ¡faltaba más!, y de esta manera obtener la mayoría calificada que requieren a fin de efectuar cambios en la estructura operativa del Congreso que le permita su control total y emprender acciones legislativas contra el gobierno del Estado, de diferente origen partidario.

 

Recordemos las intenciones del actual gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de filiación morenista, de violentar la constitución política de la entidad para prorrogar su mandato de dos a cinco años con el apoyo político declarado de la Secretaría de Gobernación Federal y la participación activa del Subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, quienes públicamente argumentaron a favor de las modificaciones legislativas que, a la postre, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales.

 

La destrucción de las instituciones que apuntalan el régimen democrático del país está en el camino para la construcción de un régimen autoritario. Signos que podrían considerarse menores o anecdóticos alimentan la destrucción que avanza a lo largo del país, mientras éste se halla entretenido con espectáculos mediáticos que de suyo constituyen también una erosión a las instituciones de justicia de la nación: el papel de comparsa que la Fiscalía General de la República protagoniza en el no-juicio de un delincuente confeso como es Emilio Lozoya, derrumba toda expectativa de una fiscalía independiente del Ejecutivo Federal, garante de justicia pronta y expedita para el ciudadano al margen de aquellos intereses políticos y contubernios que alimentan la impunidad y la corrupción. El autoritarismo como signo de gobierno se va socializando ante una comunidad paralizada ante la pirotecnia política.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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