Lilia Arellano

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Viernes, 18 Septiembre 2020 00:00

DE PEJELANDIA A LA MUY TERCA REALIDAD

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EL CASTILLO

 

 

 

Tras el fracaso de las farsas de la rifa del avión presidencial, el cual no se rifó ni se ha vendido hasta el momento, y de la recolección de firmas ciudadanas para enjuiciar a los ex presidentes, además del proceder de la actual administración federal para enfrentar el conflicto de la toma de la presa de La Boquilla, en Chihuahua, el presidente López Obrador evidenció su naturaleza autoritaria, con la persecución, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al ex gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza; al alcalde de Delicias, Eliseo Compeán; y al presidente de la Asociación Estatal de Usuarios de Riego de Chihuahua, Salvador Alcántar. Sus acciones, determinaciones y actitudes demuestran su falta de respeto a las leyes emanadas de la Constitución, la cual juró respetar; los juicios sumarios emanados de su propia persona, son lo único que cuenta para él; la voluntad popular es sólo un slogan de campaña, pues la única voluntad valida es la suya. Los instrumentos de administración y procuración de justicia están sólo a su servicio, a su interés personal. La UIF se ocupa de perseguir, a la menor orden a quien señale el tabasqueño, bajo cualquier pretexto. El Poder Legislativo está a su completo servicio, gracias a una mayoría artificial construida para tal efecto. El Poder Judicial está amedrentado por el Ejecutivo. Estamos así no con un estadista o un presidente republicano, sino frente a un caudillo autoritario.

 

El Ejecutivo federal ha dado muestras irrefutables de que no es un mandatario demócrata. No ha dado evidencias de querer construir un país de leyes, con el imperio de un Estado de Derecho, el cual funcione a través de contrapesos, rendición de cuentas y, sobre todo, transparencia. Todos los integrantes de su gabinete reaccionan a sus órdenes, sin ninguna independencia de criterio y, cuando la muestran, son corregidos y regañados en público, como lo ha resentido el mismo secretario de Hacienda, Arturo Herrera y en el pasado reciente una decena de sus colaboradores de primer nivel. Hacen todo lo posible por acomodar la realidad a los deseos del titular del Ejecutivo federal, aunque posteriormente se estrellen con ella y tengan que parir cuates para explicar porque las cosas no sucedieron como ellos habían afirmado. Ante las críticas de extranjeros, de ciudadanos comunes, de especialistas en varias ramas, analistas, articulistas y las protestas por sus acciones autoritarias, se utiliza cada vez más el poder el Estado para acallarlas. A través de las conferencias de prensa mañaneras se empieza el linchamiento público de los adversarios de los enemigos políticos, de los “conservadores y reaccionarios” que se oponen a la auto denominada cuarta transformación. Su comportamiento, en una palabra, es el de un autócrata, que dice mantener la aprobación de la mayoría de la ciudadanía, pero los hechos refutan esas afirmaciones.

 

Decenas de ocasiones, AMLO ha afirmado que él no es vengativo, que en su lógica no está enjuiciar a ex presidentes, pero en su circo mediático, sostenido desde hace meses para distraer la opinión pública de la falta de respuestas a las crisis simultáneas que se resienten en el país: sanitaria, económica y de seguridad, ha mantenido la idea de que si una consulta popular, es decir, una mayoría de ciudadanos, se lo exigía, acataría su mandato. Sin embargo, la estructura territorial y partidista de Morena, no logró realizar la recaudación de firmas indispensable para pedir la consulta popular. El tabasqueño quiso mantener el espectáculo y señaló el martes pasado que tenía información de que ha habían juntado las firmas restantes, a una velocidad impresionante, pero ante sus datos, no hubo posibilidad de corroboración. El milagro de Morena en la recolección de dichas firmas no se pudo anunciar, por lo que López Obrador se vio obligado a mandar el mismo un escrito al Senado de la República para que se realice la consulta sobe el enjuiciamiento a los ex presidentes, “de acuerdo al debido proceso”, señaló.

 

Sin ser abogado y si un mal estudiante de Ciencias Políticas, el tabasqueño desconoce o finge desconocer que el debido proceso tiene como principio la presunción de inocencia. Para él, todos los gobiernos anteriores de lo que llama el neoliberalismo, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, son responsables ineludibles del quebranto a la Nación: “Ocurrieron quebrantos monumentales al erario, corrupción generalizada, prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado, violación masiva de derechos humanos”. Sin embargo las denuncias formales señalan delitos, omisiones mínimos, no relacionados en lo personal con lo expuesto públicamente, hace referencias generales que poco sirven para un enjuiciaiento basado en las leyes.

 

Así, los circos permaneceran hasta aproximarse la fecha de las próximas elecciones. Pero, y aquí viene el pero, al no lograr los millones de votos esperados, todo indica, de no ser como lo ha demostrado un terco de primera, debiera reflexionar si es este el gobierno, la administración demandada por un país practicamente en la ruina y en ella va la de la esperanza escenificada, también, con el encendido de una millonaria antorcha.

Miércoles, 16 Septiembre 2020 00:00

EN PASTA DE CONCHOS, JUSTOS POR PECADORES

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EL CASTILLO

 

 

 

¿Por qué después de tantos años es el gobierno quien debe pagar las indemnizaciones a las familias cuyos integrantes trabajaban en la mina Pasta de Conchos y fueron víctimas de un derrumbe-explosión en donde quedaron sepultados? Una historia con olor no solamente a tragedia sino a una gran corrupción tuvo lugar a las 2:30 de la tarde de un inolvidable 19 de febrero del 2006. Los túneles de la mina de carbón colapsaron y 65 mineros quedaron atrapados. La concesión está en manos de la empresa más grande en ese ramo, Grupo México, cuyo propietario Germán Larrea se dio el lujo de tener como vocero de la explosión, como su representante y abogado defensor al titular del Trabajo en ese tiempo, Francisco Javier Salazar. En tanto se recibían reportes sobre la profundidad –la empresa señalaba 150 metros y el Sindicato 490 metros- en la que se encontraban los trabajadores quienes, semanas antes habían iniciado una huelga reclamando no solamente mejores salarios sino la implementación de las medidas de protección tanto personales como en las áreas de trabajo e inclusive reportaron un fuerte olor a gas, fueron rescatados dos mineros con vida: Felipe de Jesús Torres Reyna y José Manuel Peña Saucedo. Hicieron largos, larguísimos encuentros con los familiares a quienes les ofrecieron seguir trabajando hasta encontrar los cuerpos faltantes pero, todo quedó suspendido y los ofrecimientos sobre indemnizaciones y becas a los huérfanos ofrecidas por GM y avaladas por Salazar, quedaron en el olvido.

 

Lo inmediato fueron los trámites y acciones emprendidas por Germán Larrea y el Grupo México realizados apenas lograron acallar los reclamos a nivel nacional al darse a conocer las condiciones de inseguridad con que operaba la mina de carbón perteneciente a la empresa más grande del país en el ramo y la quinta a nivel mundial en extracción de cobre. Fue así que lograron verse altamente beneficiados económicamente por la explosión al cambiarse la ley de explotación del metano, que impedía a las mineras el usufructo de este gas producido naturalmente en la explotación de minas de carbón. Esto apoyaba las acusaciones de negligencia que en distintos momentos enfrentó la compañía y el propio Germán Larrea, por no dar solución a las comprobadas notificaciones y alertas de seguridad entregadas a los administradores de la mina con semanas de anterioridad a la tragedia; estas notificaciones señalaban la alta concentración de gas metano en la mina, muy por arriba de lo establecido legalmente.

 

En el 2018 no fueron pocos los enfrentamientos entre López Obrador, candidato a la presidencia y Germán Larrea. El empresario envió cartas a sus 50 mil trabajadores conminándolos a no dejarse convencer por el populismo. Subliminalmente pedía no votar por el tabasqueño y aclaraba su empresa no era corrupta, y sus concesiones no eran producto del compadrazgo. El tabasqueño respondió: entiendo que Larrea no quiera el cambio porque le ha ido muy bien, esta en la lista de los hombres más ricos del mundo, ha sido de los empresarios predilectos de todo el periodo neoliberal, ha sido un buen traficante de influencias. Los últimos días de abril, López Obrador anunció se iniciarían trámites para lograr la recuperación de los cuerpos de los mineros. El primer día de mayo, German Larrea le envío una carta en la cual ofrece todo el apoyo técnico y los estudios y reportes de trabajo llevados a cabo durante 19 meses, pero no habla de costos ni de aportaciones económicas para emprender de nuevo la labor. Sobra decir no se entregaron las indemnizaciones prometidas y nada se hizo ni por parte del gobierno ni de la empresa por los huérfanos.

 

La semana anterior se reunió Luis María Alcalde, titular de la STPS con el Ejecutivo Federal y acordaron se le entregue a cada una de las familias de los 65 mineros un pago de 3 millones 700 mil pesos. La decisión fue anunciada por el propio tabasqueño al término de su reunión en Palacio Nacional. Ahí mismo ofreció, de nueva cuenta, rescatar los cuerpos. Después de recordar los hechos y conocer los últimos acuerdos surgen preguntas: ¿cuándo se reconcilió AMLO con Larrea al grado de solventar gastos y paga que son de total obligación de Minera México? ¿Es tan alto el grado de influencia del senador canadiense-mexicano Napoleón Gómez Urrutia? O ¿todo es cuestión de convertirse en socio? ¿Cuándo cerraron jurídicamente el expediente? La ventaja es que ya no hay impunidad.

Martes, 15 Septiembre 2020 00:00

MORENAZOS AL BALCON

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EL CASTILLO

 

 

 

Por rarezas el Movimiento de Regeneración Nacional no se detiene. Uno de quienes más promoción ha recibido para resultar electo como dirigente nacional Gibran Ramírez, al declarar es lopezobradorista de mente, corazón, cuerpo y alma, considera tiene el triunfo en la mano. Con apenas 30 años, este regordete joven ya se hace experto en formación de partidos políticos y audaz negociador. Inicio gira por todo el país sin que se conozca de donde le llega el patrocinio. Lo mismo sucede con Alejandro Rojas Díaz Duran quien hasta en 3 ocasiones ha estado en una misma entidad. Aunque lo cierto es que al interior de esa organización se escenifica una despiadada lucha por el poder, por la presidencia y la secretaría general, por el manejo de sus multimillonarios recursos económicos y la decisión de determinar numerosas posiciones de gobierno y legislativas a todos los niveles, municipal, estatal y federal, para los cercanos, los cuates o familiares. La definición de estas posiciones es clave para empezar a definir las candidaturas del próximo año y, desde luego, la sucesión presidencial. Aprobó el INE a 35 aspirantes a la presidencia y 71 a la secretaría general. Ante este alto número de aspirantes, la Comisión seleccionó a tres empresas para realizar una “encuesta de reconocimiento” para reducir el número de candidaturas a un máximo de seis, la cual se realizará del 16 al 22 de septiembre, mientras la encuesta nacional abierta será el 26 de septiembre al 2 de octubre.

 

A la vista están ya las múltiples declaraciones de los aspirantes y suspirantes, las acusaciones mutuas, las muestras de repudio e inconformidad ante las disposiciones de las autoridades electorales, las posiciones de los radicalistas. La confrontación de tribus está aquí y ésta habrá de definir, de manera formal, quiénes serán los elegidos para operar una organización sin la disciplina que caracterizó al priísmo, o la solidez ideológica del panismo, pero que si reconoce a un solo líder, el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el esperado golpeteo entre los aspirantes a dirigir Morena, Porfirio Muñoz Ledo declaró que dos de los candidatos a la presidencia han metido dinero para hacerse con el control interno. Un hombre y una mujer que aspiran a la presidencia, dijo, son “de los que se sabe más han metido dinero al tribunal”. Según la denuncia del legislador, ese dinero se habría usado como soborno para magistrados, lo que explicaría que el INE intervenga en el proceso interno de Morena.

 

Al respecto, Mario Delgado aseguró que si Muñoz Ledo tiene información y pruebas sobre actos de corrupción en el TEPJF, está obligado a denunciar. Y sobre el anuncio de Muñoz Ledo de que solicitará al CEN de Morena que exija que quienes aspiran a dirigir al partido transparenten su declaración patrimonial y sobre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Contraloría de la Cámara Baja indaguen la presunta circulación de dinero en efectivo en al menos nueve estados, Delgado señaló que su patrimonio siempre ha sido transparente y negó usar la estructura del órgano legislativo para promocionarse.

 

De acuerdo al sondeo diario de Massive Caller, Mario Delgado, personaje cercano y ligado a Marcelo Ebrard, quien cuenta con el respaldo además del presidente del Senado, Ricardo Monreal, y de Julio Scherer, secretario jurídico de la Presidencia, encabeza todas las encuestas, con el 24% de aceptación entre los morenistas y sus simpatizantes; le sigue Porfirio Muñoz Ledo y la impresentable Yeidckol Polevnsky, con 17%. Más atrás se ubican Gibrán Ramírez y Alejandro Rojas Díaz Durán. El destape de Muñoz Ledo lo enfrenta a un rival más potente que Bertha Luján o Alfonso Ramírez Cuellar. Su candidatura de la mano de la senadora Citlali Hernández, llega respaldada por Martí Batres, Bertha Luján y Claudia Sheinbaum. Aunque muy golpeada y desprestigiada, no se puede descartar a Yeidckol Polevnsky.

 

Y para la secretaría general, el puntero por ahora es Antonio Attolini. La nueva dirigencia de Morena deberá convertir al movimiento que acompañó a AMLO a la victoria por la Presidencia de la República en un partido formal que consolide esos resultados. A corto plazo, el objetivo de Morena es consolidar su poder territorial en las elecciones de junio de 2021, en las que se elegirán 15 gobernadores, 500 diputados, 30 congresos locales y casi 2 mil ayuntamientos en todo el país. Para Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a presidir a Morena, “La dirigencia lo único que ha hecho es darnos atole con el dedo, voltearle la espalda al presidente, porque han visto un interés de grupo, una minoría radical, que no ha cambiado con el proyecto de nación del presidente. Morena en vez de acompañarlo, de impulsarlo, ha sido lo contrario”. Finalmente, un desmadre, el acostumbrado por ya saben quien.

 

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