Lilia Arellano

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Bastión Político

Bastión Político (50)

Miércoles, 16 Septiembre 2020 00:00

EL ESPECTRO DEL FRACASO RONDA PALACIO NACIONAL

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Bastión Político

 

 

 

Alberto Pérez Blas

 

 

 

 

Atípicas fiestas patrias las que en este fatídico 2020 observamos los mexicanos. La controvertida efeméride de la independencia nacional estuvo marcada no sólo por las exigencias de una pandemia sin control que por lo demás ha desnudado lo bisoño de los servidores públicos que pretendieron enfrentarla con discursos y promesas al más fiel estilo de la casa MORENA. Sin embargo, las fiestas que nos vimos obligados a observar de forma virtual no será lo más relevante en la memoria que se guarde de esta celebración histórica. Los eventos memorables fueron dos procesos político- teatrales de relevancia dentro del guión de distracción social que la presente administración privilegia como ejercicio de gobierno, así como el contundente rechazo social que provocaron. De manera silenciosa pero efectiva la población se negó a servir de comparsa al gobierno federal en dos nuevos engaños mediáticos al rechazar la compra de los cachitos de lotería para la rifa de un avión que no se rifaba y al negarse a acudir a los escenarios de propaganda política destinados a recolectar firmas para pedir que se aplique la ley a expresidentes( como si la vigencia del Estado de Derecho necesitara permiso).

 

 

 

El rechazo ciudadano obligó a un gobierno entrampado en su lógica de engaños a hundirse más en el descrédito público al tener que comprarse a sí mismo los billetes de lotería, ya sea de manera directa o a través de organizaciones políticas afines a la administración, como son los sindicatos afiliados a MORENA e incluso a extorsionar a empresarios o servidores públicos a quienes se endosó arbitrariamente el realizar aportaciones monetarias para fingir la participación social en el engaño. Igual nivel de torpeza se desplegó para encubrir la falta de respuesta a la recolección de firmas llegando a llenar solicitudes con padrones de beneficiarios de los programas sociales, fraude acreditado originalmente en redes sociales y que pretende enmendar la retórica oficial que reconoció en vos del propio presidente la captación de tan sólo 800,000 firmas a supuestamente 2 millones 400,000 en menos de 36 horas, de acuerdo con el denominado “Movimiento por la unidad de las izquierdas”, agrupación creada por MORENA para la defensa de la 4T. La magnitud del desaseo de este proceso obligó al presidente a hacer a un lado el supuesto mandato del pueblo que pretendía y asumir la responsabilidad de pedir, en su calidad de titular del Ejecutivo, al Senado de la república que inicie el procedimiento ante la Suprema Corte de lo que será un proceso judicial de enjuiciamiento de los expresidentes que se sabe será fallido.

 

 

 

Este rechazo ciudadano a la distracción social como ejercicio cotidiano de la administración federal, confirma el inicio del agotamiento del tiempo de gracia política que el electorado concedió al lopezobradorismo ante el estado de destrucción a que se ha conducido la vida nacional e indistintamente de los juegos pirotécnicos en el discurso de la autodenominada cuarta transformación, la desesperación del ejecutivo, consciente de esta realidad, se muestra ya en la acciones recientes de represión a sus opositores ya sea a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, el manejo político de las asignaciones presupuestales a gobiernos estatales contestatarios e incluso con el uso violento de la Guardia Nacional.

 

 

 

El espectro del fracaso ronda los pasillos de Palacio Nacional.

 

 

 

  

 

 

 

 

Viernes, 11 Septiembre 2020 00:00

CHARLATANERÍA CRIMINAL ANTE EL COVID

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Bastión Político

 

 

 

Alberto Pérez Blas

 

 

 

 

El responsable de la tragedia que significó el mal diagnóstico de la pandemia del coronavirus y, en consecuencia, de los niveles de contagio y letalidad del virus en la población nacional que ha enlutado a 70,000 familias, contagiado a más de 650 000 mexicanos y que mantiene la atención en México de los organismos internacionales de salud por el descontrol que la pandemia presenta a lo largo y ancho del territorio, en el colmo de la estulticia política, pretende denostar el esfuerzo de los ex Secretarios de salud que intentan mostrarle el camino al gobierno de la auto denominada cuarta transformación, para contener este drama sanitario que día a día cobra más vidas de mexicanos.

 

 

 

Hugo López Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de manera formal pero en realidad a cargo de la Secretaria de Salud (ante el lastimoso papel que ha desempeñado Jorge Alcocer Varela) constituye un ejemplo de los resultados que ha arrojado la política presidencial para determinar a sus colaboradores: 90% de confianza y 10% de capacidad, según lo señalado por el propio AMLO. El sistema nacional de salud, por los desatinos de estos personajes, enfrenta hoy una grave crisis operativa, financiera y de coordinación de servicios entre la federación y los Estados y, por si esto fuera poco, la falta de liderazgo y legitimidad de estos individuos, dada su pobreza intelectual y medianía profesional, completan el cuadro de destrucción realizado en menos de dos años de un sector del servicio público inestimable para la población y que con las limitaciones y disfunciones que podrían señalarse, garantizaba la atención médica de los sectores mas desprotegidos de la sociedad.

 

 

 

Las ocurrencias de la cuarta transformación y sus bisoños personeros, han lastimado sensiblemente los avances institucionales en la conformación de nuestro sistema de salud, que una escuela mexicana de salud pública logró construir a lo largo de décadas de trabajo meritorio y ejemplar en el ejercicio cotidiano del servicio público.

 

    

 

La ausencia de un proyecto profesional sustentado en criterios de salud pública en la presente administración ha sido denunciado por personajes tan cercanos a la cofradía amloista como la doctora Asa Cristina Laurell, quien ha confesado en su renuncia al cargo de Subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, que los motivos políticos se imponen a los criterios de salud pública en esa dependencia por lo que alertaba del desmantelamiento de la Secretaría a manos de López Gatell en conjunto con el antropólogo Juan Ferrer, titular del INSABI, otro ejemplo de la política de nombramientos acordes a la era de la “transformación”, donde un antropólogo bien puede encabezar una nueva institución para la atención de la salud de los mexicanos.

 

 

 

Estos arribistas del sector salud —significativamente el Dr. López Gatell— pretenden restar méritos al sensible y meritorio esfuerzo realizado por seis ex Secretarios(a)de salud federal, quienes con criterios estrictamente científicos y recuperando la experiencia de los epidemiólogos mexicanos que han construido un gran respeto a nivel internacional, señalan una estrategia eficaz para la contención de la pandemia del coronaviris ante la ignorancia y soberbia del saltimbanqui de las mañaneras que continúa aferrado a cubrir su fracaso profesional, no obstante el costo en vidas que esto significa.

 

 

La protesta social que asoma ya a lo largo del país ante la falta de gobierno en temas particularmente sensibles a la población; campesinos defraudados en la entrega de fertilizantes por corrupción de los delegados federales, reparto de tarjetas sin fondos de los programas sociales, denuncias de corrupción en los contratos de adquisiciones del gobierno federal, abandono de las víctimas de violencia, persistencia en el desabasto de medicamentos y vacunas en hospitales públicos, negligencia ante los reclamos de colectivos feministas, intimidación a la libertad de expresión, depauperación de las clases medias e incremento de la población en pobreza extrema ante un desempleo vertiginoso etc., dan muestra de un creciente deterioro de la paz social y la consecuente pérdida de gobernabilidad que aunado a la polarización política prohijada por el discurso gubernamental, complementan un escenario de descomposición nacional cuyos costos son impredecibles para la viabilidad de la nación. En este complejo escenario, la permisividad que se otorga a un merolico de la medicina cómo López Gatell para construir sus intereses políticos sobre pilas de cadáveres de mexicanos, hacen temer por la cordura de la nueva élite gobernante.    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bastión Político

 

 

 

Alberto Pérez Blas

 

 

 

 

El desprestigio de las instituciones de la república abona directamente al desprestigio de la democracia como forma de gobierno y pavimenta el camino del autoritarismo al presentar al líder populista como la alternativa única para enfrentar los males que aquejan a una sociedad, sustentando esto en un discurso falaz y maniqueo sobre un futuro promisorio y un encubrimiento inmoral de las intenciones verdaderas del demagogo.

 

 

 

Es en este contexto que se da el arranque operativo de la consulta ciudadana para encubrir la intención presidencial de dar continuidad a la gran farsa de la lucha contra la corrupción. Efectivamente, la decisión política de la presidencia de utilizar este recurso para continuar extendiendo en el tiempo el distractor que ha significado el caso Lozoya en la opinión pública, se va a consumar con la disposición del partido MORENA de consultar lo obvio — y por demás ocioso— desde el punto de vista jurídico respecto si los mexicanos se pronuncian a favor de enjuiciar a los expresidentes.

 

 

 

Indistintamente de los múltiples aspectos jurídicos que ponen en duda el que la actual administración cuente con elementos de prueba consistentes para poder iniciar un proceso judicial ante el Ministerio Público y que siente en el banquillo de los acusados a algún ex presidente de la república, lo cierto es que el tribunal de carnaval sacia el morbo social y permite el empoderamiento fugaz del resentimiento y la venganza política, lamentablemente el costo a pagar es el fortalecimiento de la impunidad jurídica de los infractores de la ley que alimenta la corrupción sistémica que padece la nación.

 

 

 

El tramposo recurso discursivo de separar la aplicación de la ley de la obtención de justicia, que si bien se ve validada por la falta de eficacia actual de los órganos judiciales, no justifica la negación de los mismos, obligaría a su rediseño institucional y mejoramiento operativo para alcanzar el cumplimiento óptimo de sus objetivos constitucionales. La falta de talento político y administrativo de la denominada cuarta transformación evidentemente no le permite emprender un reto de gestión publica de esta magnitud, el resultado catastrófico obtenido en la modificación del Sistema Nacional de Salud mostró las limitaciones del equipo presidencial.      

 

 

 

Sin embargo, un efecto pernicioso que parece buscarse en el fondo de esta nueva puesta en escena del López Obradorismo se dirige hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual tendrá que validar la procedencia del resultado previsible de la consulta. Ante una mayoría que habrá de pronunciarse por el “sí” en la consulta, el rechazo de la Corte ante esta engañifa política por su improcedencia jurídica traerá un severo ataque a la Corte y a sus magistrados que dará una continuidad vigorosa al asedio que el poder judicial ha resistido desde el inicio de la administración actual. Recuérdese el bloqueo que por meses se realizó de los accesos a la sede de la Suprema Corte por militantes de MORENA como respaldo a las presiones del Presidente de la República en su primera intentona para controlar las desiciones del máximo tribunal de la nación. De avalar la realización de la consulta, la Corte enfrentará un severo cuestionamiento a su rigor jurídico y legitimidad que mermará su función como contrapeso del poder presidencial, debilitando el equilibrio de poderes establecido por la constitución, e incluso, le restará el apoyo social que requiere la resolución de la agenda pendiente de controversias constitucionales que tienen que ver con iniciativas presidenciales aprobadas por el Congreso y que en este momento se encuentran impugnadas y de cuya resolución depende significativamente el futuro de la denominada cuarta transformación. Para la Corte es un tema de perder-perder.

 

 

 

Así, la destrucción de las instituciones republicanas continúa de manera sistemática empedrando el camino del Estado autoritario en construcción.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bastión Político

 

 

 

Alberto Pérez Blas

 

 

El próximo inicio del primer periodo ordinario de sesiones del Tercer año Legislativo de la Cámara de Diputados no ha podido sustraerse de la degradación que muestra la política nacional. Este cuerpo legislativo ya ha mostrado múltiples episodios que dan cuenta de este deterioro, como ha sido su sumisión extrema a las indicaciones del Presidente de la República dada la mayoría dócil de MORENA en la toma de decisiones de la cámara y un liderazgo particularmente obediente del responsable de la Junta de Coordinación Política hacia el titular del Ejecutivo Federal y que se mostró incluso en la disposición de dicha mayoría a renunciar a facultades exclusivas de la cámara en materia presupuestaria para fortalecer la discrecionalidad del Presidente en un franco retroceso de la división de poderes, por mencionar tan sólo algunos ejemplos.

 

Hoy, la cámara de Diputados enfrenta un proceso de renovación de la mesa directiva para el inicio del nuevo periodo legislativo, caracterizado por la compra de membresía de diputados en un verdadero tianguis legislativo con el fin de conformar una mayoría artificial para el Partido del Trabajo (PT) que le permita argumentar, así sea de manera cínica y por demás vergonzosa, su “derecho” a presidir este órgano legislativo en el ultimo periodo de esta legislatura por su membresía de diputados comprados a billetazos o con promesas de reelección, tal como denunció la dirigencia del Partido Encuentro Social (PES).

 

La degradación política que observa la cámara de diputados es de tal magnitud, que el actor mas relevante de este deplorable espectáculo es el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien se ha significado únicamente por sus exabruptos y bravuconerías, particularmente en contra de mujeres legisladoras, que le han ganado diversos motes de sus propios pares como “Cepillín” (con la debida disculpa y respeto que merece el personaje del mismo nombre), “porro”, etc. Indudablemente, la presidencia de la cámara en manos de un personaje con estas credenciales anticipa la creación de un circo legislativo que dará paso a saltimbanquis, contorsionistas, elefantes blancos, apagafuegos y otras figuras circenses para contribuir al envilecimiento de las instituciones republicanas. La construcción del Estado autoritario tendría así un significativo avance en esta posible cámara legislativa, desprovista de seriedad jurídica y parlamentaria y consecuentemente sin autoridad moral.

 

Los signos del autoritarismo se muestran no sólo en el ámbito federal, el Congreso de Baja California Sur con mayoría también de MORENA y PT gestó un juicio político a los ocho diputados de oposición a fin de destituirlos, ¡faltaba más!, y de esta manera obtener la mayoría calificada que requieren a fin de efectuar cambios en la estructura operativa del Congreso que le permita su control total y emprender acciones legislativas contra el gobierno del Estado, de diferente origen partidario.

 

Recordemos las intenciones del actual gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de filiación morenista, de violentar la constitución política de la entidad para prorrogar su mandato de dos a cinco años con el apoyo político declarado de la Secretaría de Gobernación Federal y la participación activa del Subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, quienes públicamente argumentaron a favor de las modificaciones legislativas que, a la postre, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales.

 

La destrucción de las instituciones que apuntalan el régimen democrático del país está en el camino para la construcción de un régimen autoritario. Signos que podrían considerarse menores o anecdóticos alimentan la destrucción que avanza a lo largo del país, mientras éste se halla entretenido con espectáculos mediáticos que de suyo constituyen también una erosión a las instituciones de justicia de la nación: el papel de comparsa que la Fiscalía General de la República protagoniza en el no-juicio de un delincuente confeso como es Emilio Lozoya, derrumba toda expectativa de una fiscalía independiente del Ejecutivo Federal, garante de justicia pronta y expedita para el ciudadano al margen de aquellos intereses políticos y contubernios que alimentan la impunidad y la corrupción. El autoritarismo como signo de gobierno se va socializando ante una comunidad paralizada ante la pirotecnia política.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Miércoles, 26 Agosto 2020 00:00

DESVARÍO POLÍTICO

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Bastión Político

 

 

 

Alberto Pérez Blas

 

 

 

El ambiente político se sigue tensando conforme a los deseos del titular del Ejecutivo. De manera inédita en la historia moderna del país, el responsable de garantizar la paz social de la nación azuza a la población lastimada por la corrupción imperante (ayer y hoy) en la esfera gubernamental y de los partidos políticos, a constituir tribunales populares para juzgar a expresidentes de la república, lideres políticos de la oposición a su gobierno y burócratas presumiblemente corruptos y, de pasada, a aquellos medios de comunicación que considera críticos de su administración. Del uso del púlpito instalado en Palacio Nacional para adjetivar y estigmatizar a los opositores  se ha pasado a solicitar la realización de “Asambleas de Salud Pública” para pronunciarse respecto de la conducta delictiva que, a su juicio, debe ser exhibida mas que sancionada en su muy particular código de moral republicana donde la justicia se separa de la observancia de la ley.

 

La figura de la consulta popular aparece como el medio que habrá de legitimar la impartición de justicia desde Palacio Nacional asignándole a este ejercicio de simulación democrática la tarea de estigmatizar a quienes convenga para alimentar la popularidad presidencial que hoy se ve como prioridad para gobernar. Lejos está de las prioridades gubernamentales el buen desempeño del gobierno ante los graves retos que enfrenta la sociedad, ya que la legitimidad para el ejercicio del poder público no se busca en el éxito de las políticas gubernamentales para resolver o al menos atemperar los graves problemas de la población, sino en la destrucción pública de aquellos que se señala como responsables de todos los males sociales, en un manejo maniqueo de la realidad política que cada ves se realiza de manera mas prejuiciosa e irreflexiva para con los costos que esta conducta significa en el deterioro de las instituciones del Estado mexicano y, particularmente, en la vigencia del Estado de Derecho.

 

Son particularmente llamativos los contrastes del discurso gubernamental que ante las bandas delictivas con capacidad de fuego que arrasan regiones enteras del país, responde con una actitud de tolerancia e incluso de solicitud medrosa a los delincuentes para que moderen su violencia demencial. En el caso de los enemigos políticos del Ejecutivo Federal, se urge al escarnio público explícitamente solicitado a la sociedad expectante, pero no la aplicación de la ley en un riguroso proceso judicial que redunde en sanciones penales y administrativas para aquellos que un tribunal declare culpables.

 

La siguiente puesta en escena de la supuesta lucha contra la corrupción ha sido ya anunciada y es la consulta al pueblo para que determine si se aplica la ley a los expresidentes ante la falta de un proceso judicial que se sustente en pruebas y denuncias de cara a un juez y reconociendo que en la cuarta transformación la aplicación de la ley es un asunto diferenciado según los rangos políticos de los infractores. El espectáculo estará nutrido de un discurso populista que convoca e instiga al linchamiento público y a un auto reconocimiento de superioridad moral del gran inquisidor.

 

La pregunta obligada ante este desvarío político, es cuánto tiempo la sociedad hoy amedrentada por la violencia generalizada, la enfermedad y la creciente presión económica aguantará el que se siga postergando la necesidad de contar con un gobernante que de causa y respuesta  a las demandas sociales, mas allá del discurso franciscano engañoso y de esta búsqueda estéril de un lugar en la historia que solo esta reservado para espíritus superiores.            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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Alberto Pérez Blas

 

 

Iniciamos hoy un forzado experimento para el inicio del ciclo educativo en el país a través de la modalidad a distancia dadas las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus, la cual y a pesar de las reiteradas y cada vez más huecas aseveraciones del gobierno federal de que se encuentra en retirada, obligó a alumnos y docentes a asumir este ejercicio sin precedente en la historia educativa nacional.

 

 

 

Un tema tan relevante para la sociedad en general como es la educación de las niñas y los niños mexicanos y la cual no había tenido la atención que demanda dada la vorágine informativa con que la administración de López Obrador satura los medios de comunicación en función de su proyecto político, surge en el debate nacional, lamentablemente, envuelto en un ambiente de incredulidad creciente al mensaje gubernamental. La forma en que se enfrentó la pandemia del coronavirus, relativizando su letalidad primero y posteriormente administrando la magnitud de sus  consecuencias en contagios y muertes a la par del gran engaño respecto a las acciones de preparación del sistema nacional de salud para enfrentar la crisis (incluido el abandono en que el personal médico ha tenido que enfrentar heroicamente esta pandemia), mostraron con nitidez hasta donde el gobierno federal es capaz de mentir para construir una retórica que suavice sus errores y el fracaso de sus principales políticas públicas. Las aseveraciones de recuperación casi automática sobre el desastre económico que enfrentamos y que se reiteran cotidianamente en la homilía de Palacio Nacional ratifican este síndrome comunicativo que lleva a dudar de lo que el gobierno federal asegura. Así, con este deficit de credibilidad en el discurso gubernamental, entramos al inicio de un proyecto planteado como educativo, con contenidos pedagógicos adecuados —se nos asegura— para la modalidad a distancia: la radio, televisión y el uso de internet. Se habla de la participación  fundamental de los profesores en este esfuerzo y de los padres de familia. Aseverando  incluso el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, que es una gran movilización nacional alrededor de la educación la que habremos de observar en los siguientes meses.

 

 

 

A la fecha el secretario de educación no ha sido explícito en los elementos operativos del programa ni en los contenidos educativos y objetivos medibles del mismo. Desconocemos la forma de articulación del trabajo de los docentes mexicanos en el trabajo cotidiano y el apoyo que en concreto se pide de los padres de familia. La migración anunciada por los colegios particulares de casi 800 mil alumnos al sistema público no ha teniendo respuesta por parte de la SEP, tampoco el posible cierre de cientos de colegios privados por razones financieras.

 

 

 

Una duda persiste en este anuncio gubernamental: ¿Estamos ante un proyecto con fines educativos o es un ejercicio de contención a los 30 millones de educandos de los niveles básicos? Y esta duda surge ante la falta de precisión en la exposición del  programa y el anuncio soslayado de dar relevancia a temas de “salud y y ética” bajo un concepto genérico denominado “Aprendiendo a amar a México, con la pretensión según se dijo de que las niñas y los niños sean “incorruptibles”, por otro lado, se menciona que se revisará el avance del programa para que de existir condiciones sanitarias adecuadas a futuro se retome el modo presencial, ante lo cual vale cuestionarse la existencia de ese escenario en el corto plazo para el gobierno federal no obstante los anuncios internacionales respecto a la extensión de la pandemia.

 

 

La presentación e inicio del programa a distancia para desarrollar el ciclo educativo 2020-2021 le da a la administración actual la posibilidad de emprender con seriedad un proyecto innovador en el ámbito educativo, de lograr aislarlo del manejo político pernicioso que ha caracterizado hasta hoy las políticas públicas de actual gobierno federal. La duda que hoy persiste al respecto no tardará en despejarse

 

 

 

  

 

 

 

 

Miércoles, 19 Agosto 2020 00:00

LA GRAN FARSA DEL DISCURSO GUBERNAMENTAL

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Bastión Político

 

 

 

Alberto Pérez Blas

 

 

El ejercicio de gobierno necesariamente refleja la personalidad, prioridades y circunstancias del gobernante y particularmente los proyectos políticos que él cree distinguirán su gestión. A lo largo de las últimas décadas hemos observado cómo el pragmatismo político de los gobernantes mexicanos ha delineando su quehacer público al margen de una visión de Estado y consecuentemente de un proyecto de país. La autodenominada cuarta transformación, por el contrario, aseguraba que la misma significaba un “proyecto alternativo de país” que modificaría al régimen político e incluso transformaría la conciencia nacional con una nueva moral pública. Un año ocho meses de gestión han desnudado el fraude que significa la 4T.

 

El discurso populista que logró vender esperanza con la repetición de promesas fáciles a una ciudadania exasperada por la corrupción gubernamental generalizada en los distintos niveles de gobierno, una violencia creciente y cada vez más despiadada sobre los ciudadanos y la inoperancia de las instituciones de justicia, no logró mantener la credibilidad social hacia la administración en curso. El agotamiento de la retórica fundada en medias verdades y mentiras completas no alcanzó para detener el juicio adverso a los tropezones y errores de gestión de un gabinete inexperto y falto de preparación profesional y científica para enfrentar los graves problemas nacionales. Ni siquiera se alcanzó a construir una propuesta ideológica congruente que aglutinara a las distintas tribus políticas y grupos de interés que conforman el denominado “Movimiento de Regeneración Nacional” (MORENA), de tal forma que pudieran transitar a una vida institucional y programática como partido político, dotando así de sustento ideológico a las acciones y orientación de la administración.

 

El recurso utilizado para enfrentar el juicio social adverso y que se empezó a reflejar en la propia valoración de la figura presidencial, no fue como se hubiera esperado la revisión de la idoneidad del gabinete y la eficacia de las políticas públicas emprendidas, por el contrario, se optó por reconstruir el discurso gubernamental imprimiendo a éste un tono de mayor beligerancia y polarización social, construyendo enemigos de la administración a quienes señalar como los responsables de un complot contra la figura presidencial, llegando incluso a señalar la intención de un golpe de Estado blando. En esta lógica se llega a exigir la división de los mexicanos entre los que apoyan la 4T y los que mantienen distancia crítica de la misma, calificando, no obstante, a éstos últimos como conservadores y beneficiaros de la corrupción.

 

En este éxodo se diluye la narrativa de la cuarta transformación y se visualiza nítidamente la única realidad que alimenta tanto el discurso gubernamental como la orientación y toma de decisiones en la gestión publica: la voluntad y proyecto político de un solo hombre, Andrés Manuel López Obrador. La expresión coloquial referente a que la tragedia del coronavirus “viene como anillo al dedo” para avanzar en los proyectos de gobierno, muestra descarnadamente las prioridades presidenciales en esta construcción del México que él imagina y quiere.

 

La aparición de la pandemia del coronavirus dotó a la narrativa gubernamental de un abuso de abstracción de la realidad, la negación de la virulencia de la pandemia, el ocultamiento de la negligencia de las autoridades sanitarias en el diseño de la política pública correspondiente y la manipulación de las estadísticas de contagios y defunciones, así lo muestra.

 

Este abuso del engaño y la mentira flagrante adquiere dimensiones inusitadas para justificar la falta de acción del gobierno federal ante la crisis económica que la nación enfrenta y el costo que la sociedad pagará por ello en pobreza y hambre para los sectores más desprotegidos de la población. El discurso oficial no sólo oculta la gravedad de la crisis, también señala como culpables a los que considera sus adversarios, ya sean empresarios, organismos internacionales o todo aquel que se pronuncie por destinar recursos para detener el creciente nivel de desempleo que enfrenta la sociedad. El clientelismo electoral como destino de los recursos públicos se oculta en el discurso prometiendo una recuperación mágica en función de la recuperación económica norteamericana.

 

El horizonte electoral alimenta esta promesa reiterada y falsa de bienestar en la narrativa oficial, mientras que la distracción de eventos mediáticos montados alrededor de una supuesta lucha contra la corrupción, alimenta la catarsis paralizante que dichos espectáculos significan para una sociedad ofendida.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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Alberto Pérez Blas

 

 

 

 

 

Iniciamos la semana con una nueva embestida de propaganda gubernamental consecuente con la idea de “normalizar” en la sociedad la catástrofe que significa la pandemia del coronavirus; su costo en muertes y contagiados con la respectiva tragedia familiar para miles de mexicanos.

 

 

 

La pandemia fue analizada con una falta absoluta de profesionalismo y responsabilidad política por el gobierno federal, prevaleciendo criterios de ahorro presupuestal y el manejo de tiempos políticos de la administración, que se evidenciarían con el correr de los meses, el diseño de una política sanitaria inexperta por el personero presidencial para atender la pandemia conforme a intereses ajenos a los estrictamente epidemiológicos y sanitarios redondeó un círculo perverso que ha costado la vida a miles de mexicanos y ha exhibido las acciones desordenadas de las dependencias federales, quienes rebasadas por la pandemia se lanzaron en compras de urgencia de insumos medicos al margen de la ley, habilitación de hospitales de última hora y, particularmente, en una verborrea que pretende justificar la falta de previsión gubernamental y el error en el diagnóstico y las medidas de contención empleadas.

 

        

 

Desde los orígenes de la pandemia en la remota ciudad de Wuhan en China y a partir de la experiencia de los primeros países en sufrirla y las recomendaciones de los expertos internacionales, se alertó al mundo respecto de la velocidad del contagio y su letalidad. El gobierno mexicano desperdició tiempo trascendental para preparar al sistema hospitalario nacional y a la sociedad misma para contender con el infortunio que se avecinaba.

 

 

 

El menosprecio de la auto denominada “cuarta transformación” por la salud de los mexicanos se había venido evidenciando con la carencia de medicamentos en hospitales públicos y las improvisadas reformas administrativas y estructurales al sector, e incluso por las designaciones pintorescas de arqueólogos y otros profesionales ajenos a la materia como responsables de áreas médicas que mostraban el desorden imperante en un gobierno bisoño. La pandemia del coronavirus, por las proporciones que la misma ha alcanzado, muestra dramáticamente la ignorancia técnica y científica de que adolece este gobierno y que se ha significado dramáticamente en el sector salud.

 

 

 

En este panorama, adquiere relevancia la demanda de organizaciones de la sociedad civil y liderazgos políticos a fin de realizar una evaluación internacional por centros académicos y de investigación epidemiológicos del estado real de la pandemia en México y sus consecuencias en la salud de la población. La reciente solicitud del Partido Acción Nacional(PAN) requiriendo la intervención de la comisión Nacional de Derechos Humano (CNDH) al respecto y la cual ha sido aceptada, no da esperanza de una participación profesional e informada de esta institución, anteriormente respetada, dada las características del personal que la dirige actualmente y cuya imparcialidad está comprometida de origen, recordemos el proceso accidentado para la imposición de su actual titular y las posturas incongruentes y partidarias asumidas por la Sra. Rosario Piedra en sus escasas participaciones públicas.

 

 

 

Atrás han quedado las expresiones del dos de marzo cuando se aseguraba a las y los mexicanos que “no tendremos problemas mayores” o cuando en el colmo de la ignorancia se aseguró el 17 de marzo que “los efectos del coronavirus no serán mayores a los que existen normalmente por la influenza”. A partir de dicho engaño, lo que cada semana desde esas fechas se nos repite con diversas modalidades es la creencia fantasiosa de que “ la curva de contagio se ha aplanado” y que “está domada la pandemia”. El insulto a la inteligencia de los mexicanos por el gobierno federal demanda la intervención de organismos internacionales ante lo que más que un encubrimiento de responsabilidad política linda ya en lo que podría calificarse como negligencia criminal. 

  

 

 

Miércoles, 12 Agosto 2020 00:00

DECEPCIONA LA FGR

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Bastión Político

 

 

 

Alberto Pérez Blas

 

 

Se levantó el telón de la tragicomedia nacional “La lucha contra la corrupción en tiempos de la 4T”. El primer capítulo se desarrolla conforme al guión convenido por la producción de la Fiscalía General de la República con la declaración del indiciado (¿o qué, ya no?) Emilio Lozoya, a fin de dar paso a la presentación involuntaria de otros participantes del espectáculo que darán continuidad al mismo a lo largo del presente año y hasta el inicio formal de las campañas electorales del 2021.

 

Este proceso, que indistintamente de las ventajas que electoralmente representa para MORENA ante el descrédito que reportará a la oposición política en México, así como a la distracción de los severos problemas que enfrenta el gobierno federal ante el fracaso del mismo para enfrentar las crisis presentes en el ámbito sanitario y económico, por señalar lo más evidente, se esperaba que observaría un cuidado extremo en el debido proceso judicial a fin de significar a la Fiscalía General de la República, cuyo titular Alejandro Gertz Manero, aseguró a propios y extraños que su prestigio como jurista estaba en juego y fincaba en el desarrollo de este proceso la legitimidad política que la actual fiscalía requería para vencer las resistencias existentes en la estructura burocrática sobreviviente de la extinta PGR y que habían limitado la eficiencia de su administración.

 

La realidad muestra de nueva cuenta que aumentar el ranking de popularidad del presidente se impuso a cualquier consideración política o jurídica, así fuese en detrimento del respeto y apoyo requerido por un organismo autónomo, cuya creación representaba un triunfo de las fuerzas progresistas de la sociedad organizada y de la propia izquierda política, que permitiría avanzar en un esperanzador proceso para paliar la impunidad que caracteriza la impartición de justicia en este México violento.

 

Así, el enjuiciamiento de un servidor público que malversó recursos públicos y recibió dinero de manera ilegal para actividades delictivas según su propia confesión, es el protagonista de una estrategia política (cuyas primicias se anuncian en el escenario de las mañaneras) para solventar en términos de opinión pública el fracaso de la gestión de un gobierno, que ha usado las heridas sociales presentes, como la justa indignación ante la corrupción, a manera de instrumento para la construcción de un poder político unipersonal y metaconstitucional, soslayando el bienestar social como prioridad de cualquier autoridad legítima.

 

Este extravío en las prioridades gubernamentales desperdicia la gran oportunidad de exorcizar de la clase política del país, de cualquier signo ideológico, la práctica impune del manejo deshonesto de los presupuestos públicos y actúa en contra de la inexcusable transparencia que la gestión pública debe observar. El caso Lozoya muestra de nueva cuenta como la “interesada” interpretación de la ley alimenta la impunidad que se dice querer combatir, so pretexto de traer a cuentas a personajes políticos de mayor envergadura como sería un Secretario de Estado y un ex-Presidente de la República.

 

Las violaciones al debido proceso judicial harán inviable la consignación de los funcionarios determinados para alimentar la “tragicomedia” en curso, pero sí se obtendrá con su involucramiento el que se vean forzados a aportar argumentos en su defensa, los que serán usados para nutrir el guión del espectáculo para los próximos capítulos. La utilidad es múltiple para el avance de la denominada cuarta transformación, solamente habría que recapacitar de nueva cuenta en los costos que para el pueblo de México significa dicho avance. Así como la pandemia del coronavirus le vino como anillo al dedo a los planes gubernamentales para aumentar la discrecionalidad en la actuación del Ejecutivo Federal que tanto ansía, a la sociedad mexicana le significó el contagio de medio millón de ciudadanos y la defunción de mas de cincuenta mil personas con la consecuente tragedia familiar que esto significó en los respectivos hogares. Trastocar la aplicación estricta de la justicia en beneficio de la popularidad personal del gobernante y el empoderamiento de sus seguidores, como se aprecia en el caso Lozoya, será a costa de un mayor descrédito para las instituciones de justicia y redituará en la permanencia de la impunidad como prestación para los gobernantes en turno. La nueva clase política puede estar tranquila la lucha contra la corrupción continua siendo un slogan de campaña electoral.                

 

          

 

 








 

 

Lunes, 10 Agosto 2020 00:00

LA OBSOLESCENCIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Publicado en Bastión Político Escrito por

 

 

 

 

Bastión Político

 

 

 

Alberto Pérez Blas

 

 

No es exagerado decir que el país se encuentra en medio de un estado de emergencia no sólo por la pandemia del coronavirus sino por la debacle económica que esta crisis sanitaria ha provocado y que se sumó al estado de recesión que ya presentaba la economía mexicana al final del 2019, sin mencionar el desorden gubernamental propiciado por un gabinete bisoño y los extravíos del Ejecutivo Federal. La confusión imperante en los partidos políticos se suma a esta compleja disfuncionalidad de la vida nacional.

 

 

 

Los resultados electorales del 2018 convulsionaron al sistema de partidos en México, los cuales de acuerdo a sus realidades internas asumieron el golpe ciudadano sin haber podido mostrar hasta el momento, una estrategia política de reposicionamiento ante la nueva realidad social que les permita cumplir su papel central como interlocutores del poder político ante la ciudadanía. Así, con diferentes matices los partidos políticos muestran su profunda desconexión con el ciudadano que aspiran a representar y más aún con la compleja realidad que agobia al país y que demanda talento político de los actores de la democracia mexicana para evitar que  la nación se nos vaya de las manos.

 

 

 

Es patético ver a estos institutos políticos enfrascados en luchas internas por la disputa de las migajas de poder a las que se les confinó, por su falta de empatía y responsabilidad para con las demandas más sentidas de la población, aun ahora, después de sufrir el rechazo del electorado, no han podido hacer un análisis crítico y de cara a la sociedad de sus errores y extravíos para con su militancia, la sociedad y la democracia como forma de gobierno. La búsqueda de legitimidad y trasparencia en la vida partidaria no se les da.

 

 

 

Ante esta realidad ominosa de los partidos políticos, el panorama electoral para las elecciones intermedias en el país se prevé como un campo propicio a los aventureros, los demagogos y lamentablemente para el dinero obscuro como comprador de voluntades. La lucha electoral será caracterizada por las disputas de grupos de interés regional al margen de propuestas ideológicas y carentes de visión de país, la coyuntura parece imponerse en esta dinámica regional, aderezada por arreglos cupulares que garanticen la supervivencia de élites dirigentes, aunque sea en condiciones de indigencia política.

 

 

 

El sistema de partidos se encuentra colapsado y sin liderazgos con la fuerza moral y reciedumbre política que la crisis nacional demanda. Efectivamente está en juego el futuro inmediato de la nación. Incluso la movilización social como factor de transformación se ve acotada ante la falta de opciones electorales que no se verán beneficiadas por los nuevos partidos en ciernes dada la naturaleza de los intereses que los motivan.

 

 

 

El extraordinario recurso del voto ciudadano podría ser pulverizado ante la ceguera de las dirigencias partidarias, apuntalando así la eficacia de la dádiva electoral y las maquinarias de coerción de voluntades, particularmente de grupos violentos.

 

 

Ante este panorama, la democracia mexicana demanda un gran pacto de la oposición política que trascienda la vida interior de los partidos y constituya una convocatoria a la sociedad en pleno para construir acuerdos básicos que fortalezcan la vida institucional de la república y alejen el fantasma autoritario. Sólo una movilización social de esta magnitud podrá enfrentar las crisis que amenazan con desbarrancar el proyecto de nación que los mexicanos hemos configurado a lo largo de nuestra vida independiente, tema que bien valdría analizar más adelante. Mientras tanto, confirmamos que los partidos en México se tambalean en un panorama árido y falto de genio político. 

 

          

 

 








 

 

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